Discriminación y prejuicios siguen negando derechos a los ministros de culto
Por Consuelo Sáenz Tuve ocasión de leer a la columnista chihuahuense Mariela Castro Flores, a través del portal de La Verdad Juárez, quien se ostenta de ser politóloga y periodista, feminista y católica con derecho a decidir. Y son dos, dos de sus artículos de opinión con los cuales ilustraré su falta de información para abordar la terrible crisis por la que atraviesa el Instituto de las Mujeres (ICHMUJERES) en la capital del estado, y que remató, con la renuncia de su titular Neyra Regalado, el pasado 6 de julio. Los artículos que abordaré son: “Un sacerdote administra el ICHMUJERES” y “ Perfil requerido: vocación de apagafuegos” publicados el 6 de agosto y 25 de julio, respectivamente. (Del segundo hablaré en una próxima entrega). En el primer artículo, Castro Flores asevera que “es un delito” que un sacerdote sea funcionario público y nos pregunta: “¿Por qué se permitiría el Instituto de las Mujeres de la entidad estas tres violaciones? Contratar a alguien: sin
